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Los disparos por detrás: ¿por qué la policía nos mata? Niñas, Niños y Jóvenes en peligro

Desde el Observatorio de Jóvenes y la Especialización en Comunicación y Juventudes no somos un espacio aséptico las convicciones nos movilizan. Por el contrario, creemos necesario pronunciarnos en un momento donde las injusticias adquieren un importantísimo  grado de sistematicidad. La propuesta del macrismo no tardó en ordenar sus piezas para estructurar el atropello a los derechos de las grandes mayorías y dejarlas relegadas de una vida digna. En este contexto, los jóvenes de sectores populares constituyen la síntesis de un entramado diverso de construcción de otredades. Asimismo esta concepción se articula con ideas y valores de sectores que se proclaman como los legítimos merecedores de derechos civiles; amenazados por unos otros a los que “hay que descartar”.

Nuevamente las cargas represivas de un proyecto profundamente excluyente recaen sobre las juventudes:

Esta vez la policía de Tucumán le disparó a Facundo Alexis Ferreira, un niño de 12 años que murió de un balazo en la nuca. Vidas que se lloran y vidas que no, porque no son siquiera consideradas vidas (Butler, 2009). Hace ya algún tiempo subyace una vergonzosa noción de muertos buenos y muertos malos, y es en este margen de aceptación social donde consideramos indispensable detenernos.

Junto a otros actores e instituciones, los medios de comunicación se constituyen en la actualidad como configuradores de prácticas y sentidos que establecen lo legítimo y lo ilegítimo en una sociedad. Sin embargo, hace décadas que el entramado mediático se ha convertido en un enclave estratégico para la constitución del orden social y la construcción de hegemonías.

Los medios masivos de comunicación son hoy uno de los principales dispositivos de autoridad. Este poder simbólico, ejercido desde un lugar privilegiado, es utilizado para estigmatizar y vulnerar a los jóvenes pobres de los márgenes urbanos. Estos pibes son construidos como una amenaza inminente y la mano dura se presenta como la solución inmediata, a lo que en realidad es una trama de relaciones de desigualdad compleja e histórica.

Consideramos de suma importancia estar alertas respecto al trabajo de los medios de comunicación hegemónicos, en relación al escaso abordaje vinculado a las tramas culturales y políticas sobre las que esta problemática se cimenta. Y sobre todo, sentimos que es imprescindible no callar en un contexto donde el gobierno nacional se pronuncia abiertamente a favor de la aplicación sistemática del uso letal de la fuerza, por parte de los cuerpos de seguridad.

La empatía del actual gobierno con el accionar de Luis Chocobar legitimó y habilitó el asesinar por las dudas, en este sentido, resulta suficiente con la adecuación al estereotipo estigmatizante para que un joven sea declarado ‘delincuente’, vulnerando constantemente el principio de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario. Este aval explícito tiene como finalidad no sólo un gran avance en la criminalización de las juventudes, sino también su disciplinamiento y neutralización como sujetos de derecho.

Toda muerte tiene su contexto…

En octubre de 2005, en nuestro país, se sancionó la ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  que consagra un nuevo paradigma en términos de políticas de niñez. El paradigma de la “protección” y de la “promoción” de derechos, que viene a superar las concepciones y prácticas amparadas en el patronato. La gran transformación que propone este nuevo paradigma es la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derechos. Esto significa el reconocimiento de su capacidad de discernimiento y decisión.

El paradigma de la protección se contrapone a la tutela que convierte a los niños y niñas en objeto de las decisiones de los adultos.  Un aspecto fundamental de esta ley es la consagración como derecho del “interés superior del niño”. En su artículo 2º, la ley expresa:

“… La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles…” e inmediatamente después consagra el interés superior del niño, explicitando que “… Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros…”

Está claro, a la luz de los acontecimientos ocurridos en la provincia de Tucumán la semana pasada, que existe una gran distancia entre los derechos consagrados y las prácticas institucionales legitimadas en discursos que llegan a justificar el asesinato a sangre fría a partir de una lectura lineal que convierte al niño pobre en joven delincuente; desconociendo no sólo las múltiples y diferentes posibilidades que tiene un niño de desplegar su potencial de vida; sino también toda la inversión que el Estado está obligado a hacer para protegerlo y potenciar el desarrollo integral, pleno y autónomo de sus capacidades.

Frente a la vigencia de un Estado conservador y neoliberal, que se presenta como continuidad de las peores épocas represivas de nuestra historia y que como parte de la misma continuidad promueve políticas económicas que condenan al 47,7% de los niños a la pobreza (según datos de UNICEF, publicados por télam el 7/6/2017[1]) no podemos quedarnos en silencio e inmóviles. Se vuelve imprescindible exigir y luchar por políticas públicas que atiendan y respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, desde aspectos que promuevan un desarrollo más equitativo de sus condiciones de vida, así como la adecuación de las instituciones públicas y los procedimientos de intervención en cada una de las provincias.

Este contexto de desgobierno nos obliga a alzar nuestras voces en la denuncia y en el trabajo cotidiano que nos permita, no solo hacer visible, sino militar y generar procesos para transformar y superar estas situaciones de profunda injusticia y vulneración de derechos.

Vanesa Arrua Mg. en Planificación de Procesos de Comunicación. Lic. en Trabajo Social y Docente de la Especialización en Comunicación y Juventudes de la Facultad de Periodismo y Comunicación social.

Lic. Brunella De Luca. Becaria doctoral por la UNLP y Docente de la Especialización en Comunicación y Juventudes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.


[1] ttp://www.telam.com.ar/notas/201706/191611-chicos-pobreza-adolescentes-unicef-estadisticas.html

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